Aprés midi.
Las demandas crecientes de una población más informada o al menos dotada
de los elementos tecnológicos necesarios para producir ese crecimiento, han llamado
recientemente con fuerza a la redefinición de las relaciones entre los poderes
del Estado, configurando de otra manera la participación más activa y
reconocida de las comunidades de la sociedad civil en el proceso político de
toma de decisiones. Es así que varias acciones recientes, pueden –en un plazo
de tiempo muy corto-, ser mencionadas como señales de esta presión (o
directamente acciones), a los órganos directamente relacionados con la
formulación de leyes y el ejercicio activo del poder en términos de política
pública.
Y este es un proceso social, en el contexto de relaciones que se producen
en una sociedad mundial. En efecto, hace unos días, la justicia Italiana,
condenó a duras penas de presidio a una sociedad académica de geología, por no
haber alertado con tiempo a la comunidad del próximo terremoto que iba a
ocurrir y que a la postre ocasionó centenas de muertes y grandes pérdidas
materiales. Inútil resultó a los geólogos argüir frente a los jueces, que el
estado de nuestros conocimientos en geología, no permite predecir los
movimientos telúricos.
En Islandia, se votará en estos días una nueva Constitución política,
elaborada para suceder a la actual, que ya no cumple con las expectativas
ciudadanas, no por especialistas en derecho constitucional, sino
–precisamente-. por “gente común”: 25 personas reclutadas democráticamente, que
representan de manera amplia todos los sectores de actividad, opinión y
profesiones existentes.
No hace una semana se conoció el “contrainforme”, preparado seguramente a
instancias de Monsanto, al estudio de un grupo de investigación de la
Universidad de Caen, en Francia, que había probado el efecto nocivo del consumo
de variedades transgénicas de Maìz en poblaciones de ratones y que tiene
tambaleando la legislación europea sobre la materia.
También la semana pasada, la corte suprema de Suiza, rechazó la demanda
de una ciudadana alemana que pedía cerrar el acelerador de partículas del CERN,
LHC, por considerar que no se habían hecho estudios suficientes que permitieran
asegurar que sus resultados no son conducentes a incalculables desastres de
magnitudes tales como para amenazar la vida en el planeta.
Digno de mención, aunque aún no se ha producido la reacción social que
lleve a la toma de razón de las instancias constitucionales involucradas, es el
que la reforma de salud de los USA que debiera entrar en vigencia a mediados
del 2013, contempla la obligatoriedad de los usuarios a recibir el implante de
un chip identificador, emisor de frecuencias de radio (RFID), que junto a
posibilitar la mayor eficiencia de la atención al paciente, permite el cruce de
bases de datos con fines económicos, de vigilancia y control.
Estos hechos aparentemente dispersos, ocurridos en lugares distintos del
planeta, tienen en realidad una fuerte presencia de elementos comunes:
instituciones políticas que no alcanzan ya a interpretar las necesidades de un
sociedad civil informada, dotada de herramientas tecnológicas de comunicación y
redes de participación masivas, que demandan una presencia decididamente activa
de sus opiniones y del conocimiento científico en la toma de decisiones y en la
definición de las políticas que los conciernen. Y claro, la dinámica de control
de un poder al cual estos elementos de cambio refieren y que provocarán nuevos
e impredecibles desarrollos en una creciente pugna de violencia.
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